La Ley de Jurisdicción Social recoge la posibilidad de que persona distinta a la interesada en el procedimiento interponga la demanda o incluso se defienda en juicio en nombre de aquella. (más…)
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Ley de segunda oportunidad. Conciliación familiar
Lla propia Ley define en su Preámbulo cuál es su objetivo, el de permitir que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer, y establecer los controles y garantías necesarios para evitar insolvencias estratégicas o facilitar daciones en pago selectivas, una ley que entró en vigor el 29 de julio de 2015. (más…)
Justicia gratuita. En qué momento debe solicitarse
El Tribunal Constitucional, Sala Segunda, entiende vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a los recursos legales, y por ello declara nulas la resolución de la Comisión de Asistencia Justicia Gratuita y el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo impugnados. (más…)
Los 10 motivos más utilizados por la empresa para despedir
Si bien son muy diversos los motivos que una empresa puede alegar para despedir al trabajador/a, vamos a concretar las diez causas más comunes que puede contener la carta de despido.
1.- Disminución continuada y voluntaria en el rendimiento de trabajo, el normal ó el pactado entre empresa y trabajador. (más…)
Desempleo. Requisitos y situaciones asimiladas al alta.
Uno de los requisitos que la ley exige para tener derecho a la prestación por desempleo es el de encontrarse en situación de afiliada y alta en la seguridad social ó, en situación asimilada a la de alta.
Concretamente, el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social, señala los requisitos que tienen que reunir los trabajadores por cuenta ajena que vayan a solicitar una prestación de desempleo. (más…)
Validez de las notificaciones vía SMS al ciudadano
La Constitución Española ya establecía en el año 1978 (artículo 149.1.18) que corresponde al Estado legislar en materia de Seguridad Social y por tanto sobre los requisitos para poder cobrar el paro.
Diferentes leyes han establecido los requisitos para que un trabajador tenga derecho a cobrar el paro así como los casos en que puede el trabajador perder ese derecho, bien temporalmente o bien por completo.
